El Pacto de Estado por la Justicia es el compromiso nacional asumido en el año 2005, por los titulares de los tres órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil, con el propósito firme de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño, a fin de que el mismo sea independiente, transparente y eficiente.
La visión de la reforma judicial planteada por el Pacto de Estado por la Justicia es tener un sistema de administración de justicia transparente, independiente y eficiente, con funcionarios judiciales idóneos e imparciales que rindan cuenta de su gestión, mediante una evaluación eficaz que permita determinar que se cumple con el debido proceso legal, mediante una tutela judicial efectiva, expedita e igualitaria que transmita confianza ciudadana en la Justicia.

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Informe de la Comisión de Estado por la Justicia sobre los resultados de las entrevistas a los preseleccionados para optar por el cargo de magistrados de la Corte Suprema de justicia a partir del 1 de enero de 2016.

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