Objetivo

Brindar apoyo al Despacho Superior en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales ante el Pleno y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; así como en la asesoría que se le brinda a los servidores públicos administrativos en la interpretación del ordenamiento jurídico, para que su actuación sea conforme a derecho.

Funciones:

• Emitir concepto en materia de objeciones de inexequibilidad, consultas sobre constitucionalidad y acciones de inconstitucionalidad;

• Defender los intereses de la Administración Pública en los procesos Contencioso Administrativos de Plena Jurisdicción, cuando se impugnen actos administrativos dictados en la vía gubernativa, y en los procesos de Indemnización en contra del Estado;

• Actuar en interés de la Ley en los procesos Contencioso Administrativos de Plena Jurisdicción en los que se impugnen resoluciones que hayan decidido controversias entre particulares por razón de sus propios intereses, y en los procesos Contencioso Administrativos de Nulidad, Protección de los Derechos Humanos, Viabilidad Jurídica de Pago o Cumplimiento de Acto, Interpretación y Apreciación de Validez que se tramiten en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia;

• Intervenir en interés de la Ley en las apelaciones, excepciones, tercerías o cualquier otro incidente que se promueva en los procesos Ejecutivos por Jurisdicción Coactiva;

• Promover acciones Contencioso Administrativas en que sea parte la Nación, cuando se reciban órdenes e instrucciones del Órgano Ejecutivo;

• Actuar en defensa de la Ley en los procesos Contencioso Administrativos que se promuevan en contra de laudos arbitrales, que resuelvan controversias laborales entre la Autoridad del Canal de Panamá y sus trabajadores;

• Emitir concepto respecto a la actuación surtida en los procesos en los que se hayan interpuesto Recursos de Revisión Administrativa;

• Representar al Procurador en las diligencias probatorias admitidas por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia;

• Instruir las sumarias a que dieren lugar las denuncias o acusaciones presentadas en contra del Procurador General de la Nación;

• Emitir opiniones jurídicas, cuando los servidores públicos administrativos consulten su parecer respecto a determinadas interpretaciones de la ley o el procedimiento a seguir en sus actuaciones concretas.

• Atender, a prevención, las quejas que presentan los ciudadanos en contra de la actuación irregular de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

• Dirimir, mediante dictamen prejudicial, las diferencias de interpretación jurídica que sometan a su consideración dos o más instituciones estatales.

• Emitir dictámenes respecto de los contratos de préstamos que celebre el Estado con organismos y entidades financieras internacionales.

• Asistir al Procurador en la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos.

• Emitir concepto respecto a la actuación surtida en los procesos en los que se ha solicitado la revocatoria de actos administrativos.

• Participar como expositores y facilitadores en las acciones formativas y de capacitación.