Panamá, 8 de octubre de 2025.

La Procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, acompañada por Sharon Romero, de la Secretaría de Procesos Judiciales, participó este martes 7 de octubre en una reunión con el Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú (CAAC), convocada para conocer en detalle las competencias y funciones de la institución en materia ambiental.

Durante su intervención, Villalaz de Allen, resaltó el compromiso de la entidad con el fortalecimiento de la institucionalidad, uno de los ejes centrales del Plan Estratégico 2025-2034 de la Procuraduría de la Administración, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Constitucional y la Ley Orgánica (Ley 38 de 2000).

“En lo que va del 2025, hemos realizado más de 300 capacitaciones sobre temas como participación ciudadana, acceso a la justicia, derechos humanos, medio ambiente, justicia comunitaria, mediación y conciliación”, expresó Villalaz de Allen, al subrayar la importancia de la formación como herramienta para consolidar la democracia y la gestión pública.

Por su parte, Sharon Romero presentó los principales aspectos del Acuerdo de Escazú que inciden en las funciones de la Procuraduría, así como algunos procesos de control constitucional y de legalidad en materia ambiental en los que la institución ha intervenido en defensa de la ley y del interés público.

La reunión, celebrada en el Salón de Actos de la Autoridad Marítima de Panamá, fue moderada por Mariana Blengio y contó con la participación de Patricia Madrigal, presidenta del CAAC, además de Carol Stephen y Félix Wing, quienes formularon consultas sobre los desafíos y experiencias de la Procuraduría en la atención de casos ambientales.

Durante el encuentro se subrayó la relevancia de la cooperación internacional para fortalecer las capacidades institucionales y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países firmantes del Acuerdo de Escazú.

Los miembros del Comité destacaron, además, la activa participación de la Procuraduría de la Administración en distintos procesos ambientales ventilados ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, a través de los criterios expuestos en sus vistas fiscales.

De igual manera sobresalió que la institución ha reiterado la importancia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe como herramienta clave para la gobernanza ambiental.