Panamá, 4 de junio de 2026.
La Procuraduría de la Administración, realizó este jueves un conversatorio sobre los proyectos de Ley 496 y 497, relacionados con la nueva Ley Orgánica de la institución y la Ley de Procedimiento Administrativo General.
La actividad académica reunió a comisionados y especialistas de la entidad con el objetivo de ahondar en las propuestas que se presentaron a la Asamblea Nacional orientadas a actualizar y fortalecer el marco normativo que regula la actuación de la Procuraduría de la Administración y los procedimientos administrativos en Panamá.
Durante las palabras de apertura, el subsecretario general de la institución, José Alberto Álvarez, destacó que este espacio representa una oportunidad para promover el intercambio de ideas y el análisis jurídico sobre ambas iniciativas legislativas.
Álvarez señaló que la Procuraduría de la Administración ha mantenido un rol fundamental en la promoción de la legalidad, la orientación jurídica de las entidades públicas y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Por su parte, el jefe de la Secretaría de Consultas y Asesoría Jurídica, Jorge Berrocal, quien fungió como moderador del conversatorio, explicó que los proyectos buscan separar y modernizar las disposiciones actualmente contenidas en la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, incorporando herramientas tecnológicas y nuevos enfoques metodológicos para fortalecer la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica.
La jornada, desarrollada en el Auditorio Carlos Pérez Castrellón, contó en su primera fase, dedicada al proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría de la Administración, con la participación de los comisionados Luis Guardia, Edwin Quintero y Karen Palacios.
Mientras que en el análisis del proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo General participaron los comisionados Jeny Ariano y Demetrio Dobras.
Durante el encuentro se destacó la necesidad de modernizar el sistema administrativo panameño, tomando en cuenta que la Ley No. 38 de 2000 ha permanecido vigente por 26 años y requiere adecuaciones que permitan responder a los desafíos actuales de la gestión pública.