La Defensoría del Pueblo de la Regional de San Félix, provincia de Chiriquí, organizó la capacitación dirigida a nuevos miembros que integran la comisión técnica distrital, llevándose a cabo en las instalaciones del municipio de Nole Duima, corregimiento de Cerro Iglesia de la Comarca Ngäbe-Buglé.

Se inició con palabras de bienvenidas por parte de la licenciada Yeissa Atencio, jefa de la Regional de San Félix con atención a la Comarca Ngäbe-Buglé de la Defensoría del Pueblo, quien agradeció contar con la colaboración de la secretaría provincial de Chiriquí de la Procuraduría de la Administración, por la capacitación legal administrativa para los servidores públicos, jueces de paz, miembros que integran la nueva comisión técnica distrital  y la orientación brindada a la sociedad civil, a fin de dar a conocer las funciones adecuadas para una correcta aplicación dentro de la justicia comunitaria de paz.

Por parte de la secretaría provincial de Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé, se contó con la representación de la licenciada Tarcila Palacio, quien expuso criterios jurídicos,  basándose en la Ley 16 de 17 de junio de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz, contenidas en el capítulo V de la referida Ley, haciéndose mención en las principales funciones inherentes al cargo de cada uno de los miembros que conforman la precedida comisión, como también de las funciones que desarrolla la secretaría provincial de Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé.

En tanto, la licenciada Yeissa Atencio de la Defensoría del Pueblo indicó la importancia del cargo que se ejercen los miembros de estas comisiones y de los procedimientos que se siguen en la mencionada oficina regional de San Félix en relación al desempeño y funciones que realizan los jueces de paz de la Comarca Ngäbe-Buglé en cada uno de sus nueve (9) distritos.

La jornada finalizó con un periodo de preguntas y respuestas aclarándose interrogantes a todos los participantes en donde la Procuraduría de la Administración, resaltó que tienen como misión coadyuvar a que la administración pública desarrolle su gestión con estricto apego a los principios de transparencia, eficacia y que no contravengan las normativas legales establecidas.