Promover espacios académicos que contribuyan, a través de las acciones capacitación legales administrativas, a que los servidores públicos fundamenten sus actuaciones en los principios legales que rigen la actividad administrativa garantizando la realización oportuna de sus funciones sin menoscabo del debido proceso legal y con apego al principio de estricta legalidad a fin de fortalecer el Estado de Derecho. (basado de la función de la procuraduría de la Administración contenida en el artículo 3 numeral 6 de la Ley 38 de 2000).